Cuando una empresa empieza a acumular impagos, tensiones de tesorería y avisos de proveedores, el foco suele ponerse solo en “salvar el negocio”. Sin embargo, hay otra dimensión igual de importante: la posición personal del administrador. Un mal manejo de la crisis no solo puede llevar al cierre de la sociedad, sino también a una posible calificación de concurso culpable, con consecuencias económicas y profesionales muy serias.
En esas situaciones, contar desde el principio con una boutique legal especializada en derecho concursal ayuda a tomar decisiones con criterio y a documentar que el órgano de administración ha actuado con la diligencia esperable.
La Ley Concursal distingue entre concurso fortuito y concurso culpable. El primero parte de la idea de que la insolvencia es consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad del deudor. El segundo, en cambio, aparece cuando el juez entiende que la situación de insolvencia se ha generado o agravado por dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores.
La calificación como culpable puede implicar, entre otras cosas, la inhabilitación para administrar bienes ajenos, la pérdida de ciertos derechos dentro del concurso e incluso la condena a cubrir, en todo o en parte, el déficit concursal. Por eso, entender cómo se desarrolla el procedimiento y qué se analiza en cada fase es clave para no tomar decisiones a ciegas. En este sentido, resulta muy útil tener claro el esquema que se explica en la página sobre las fases del concurso de acreedores.
La reforma concursal ha introducido matices relevantes en la forma de abordar las insolvencias, especialmente en lo relativo a la reestructuración y a los nuevos procedimientos para empresas de menor tamaño. Estar al día de estos cambios permite ajustar la estrategia y reducir fricciones durante el proceso, tal y como se desarrolla en el análisis de las novedades de la reforma de la Ley Concursal.
No existe una fórmula automática para declarar un concurso como culpable, pero la práctica concursal ha ido señalando una serie de comportamientos que disparan las alarmas. Muchos de ellos tienen que ver con cómo se gestiona la crisis antes de llegar al juzgado.
Quizá el reproche más habitual es la inacción. Cuando la empresa es objetivamente insolvente y el administrador se limita a “ir tirando” sin plantearse medidas, se incrementa el riesgo de que se entienda que ha permitido agravar el daño a los acreedores. Esperar a que la situación sea insostenible, confiando en una mejora improbable, suele jugar en contra del órgano de administración.
En cambio, acudir a asesoramiento especializado en cuanto aparecen los primeros indicios serios de insolvencia y valorar alternativas como el pre-pack concursal para salvar la empresa demuestra una actitud proactiva y facilita argumentar que se ha actuado con la diligencia debida.
Otra conducta especialmente sensible es el pago selectivo: atender a unos acreedores y dejar sistemáticamente de lado a otros sin una justificación razonable. Cuando la empresa ya se encuentra en una situación de insolvencia, esos movimientos pueden interpretarse como un trato preferente que perjudica el principio de igualdad entre acreedores.
Conocer bien cómo se ordenan los créditos dentro del procedimiento concursal ayuda a evitar decisiones que, vistas a posteriori, puedan resultar difícilmente defendibles. La página sobre clasificación de créditos concursales es un buen punto de partida para entender qué tipos de créditos existen y cómo influyen en el reparto.
La contabilidad es uno de los elementos centrales en cualquier concurso. Libros no legalizados, cuentas que no reflejan la realidad o ausencia de documentación básica son factores que alimentan la sospecha de una gestión negligente. No se trata solo de cumplir una formalidad, sino de acreditar que la empresa ha llevado un control razonable de su actividad.
Trabajar desde el inicio con una lista clara de la documentación que habrá que presentar reduce tensiones y evita que la administración concursal o el juzgado se encuentren con sorpresas. En este sentido, es recomendable revisar y seguir pautas como las que se recogen en el apartado de documentación para empresas en concurso.
Hay situaciones en las que, pese a la insolvencia evidente, la empresa continúa asumiendo compromisos que difícilmente podrá cumplir: nuevos contratos, financiación que solo sirve para tapar agujeros o inversiones sin un plan de retorno realista. Cuando esas decisiones agravan el perjuicio de los acreedores, pueden valorarse de forma muy negativa en la calificación.
En ocasiones, la mejor forma de proteger a la empresa y al administrador es aceptar que no tiene sentido prolongar la actividad sin un horizonte creíble y planificar de forma ordenada cómo cerrar la empresa con deudas, controlando daños y evitando que la situación se deteriore aún más.
El primer paso para reducir riesgos es cambiar la mirada sobre el concurso: no verlo como un castigo, sino como una vía legal para gestionar una crisis empresarial. Ese cambio de enfoque ayuda a tomar decisiones menos impulsivas y a buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde.
Contar con el apoyo de un equipo de abogados de concurso de acreedores permite analizar si la empresa se encuentra en una insolvencia puntual o estructural, qué margen hay para negociar con acreedores y cuál es el momento adecuado para acudir al juzgado. No es lo mismo pedir ayuda cuando todavía hay opciones de reestructuración que hacerlo cuando ya apenas queda patrimonio.
También conviene estudiar si la empresa encaja en el procedimiento concursal especial de microempresas, que tiene reglas propias y puede ofrecer una tramitación más adaptada al tamaño y recursos de ciertos negocios. Escoger el cauce procesal adecuado es otra forma de reducir fricciones y mostrar que el administrador ha actuado de manera responsable.
Hay momentos en los que el administrador es consciente de que se ha llegado tarde o de que se han tomado decisiones discutibles. Incluso en ese escenario, seguir gestionando la crisis desde la improvisación no suele ser buena idea. Más que nunca, es necesario ordenar la información y trazar una estrategia clara.
Un buen punto de partida es recopilar toda la documentación relevante de los últimos meses: contabilidad, contratos, movimientos bancarios, comunicaciones con acreedores… Con ese material, puede analizarse qué margen existe para plantear un preconcurso, negociar con determinados acreedores o acudir directamente al procedimiento concursal. Entender la diferencia entre preconcurso y concurso de acreedores ayuda a elegir el camino menos arriesgado en cada caso.
Desde ahí, la clave está en mantener una actitud coherente: colaborar con la administración concursal, responder con transparencia a los requerimientos y evitar operaciones que puedan interpretarse como un intento de vaciar patrimonio o favorecer a determinados acreedores. El objetivo no es solo gestionar el cierre o la reestructuración de la empresa, sino también preservar, en la medida de lo posible, la posición futura del administrador como profesional y como persona.
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